Entrevista a Juan Belikow sobre la actualidad en materia de seguridad ciudadana y policía de proximidad

Development Poles arranca con una serie de entrevistas en profundidad sobre temas de actualidad vinculados a nuestras áreas de expertise. Este mes, trataremos la “Seguridad Ciudadana y de Proximidad”.

“La respuesta más común de los gobiernos latinoamericanos ante el desafío de la seguridad es el populismo penal.”

Juan Belikow

Foto: La Nación

Hoy conversamos con Juan Belikow, Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Belgrano (Argentina). Se desempeña como Profesor titular de relaciones internacionales, defensa y seguridad internacional de la Universidad de Buenos Aires, y ha sido docente de la Escuela de Defensa Nacional, la Universidad Católica de Salta y el Center for Hemispheric Defense Studies de la National Defense University (EEUU). El Dr. Belikow cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector seguridad, habiendo implementando múltiples proyectos en esta materia para el BID, el Banco Mundial, la OEA y el PNUD.

Es Consultor del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). Miembro de: International Institute for Strategic Studies (IISS-Londres), Society for Advancement in Socio Economics (SASE), International Political Science Association (IPSA), Latin American Studies Association (LASA), Instituto de Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos (ISIAE), Instituto de Investigaciones sobre Seguridad y Crimen Organizado (ISCO), Red de Expertos en Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL) y de la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP) de la que fue secretario general en el período 1999-2000. Fue fundador y primer director del Centro de Estudios sobre Europa Central y Oriental (CEECO) y del Club de Graduados Argentinos del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa y Demás Casas de Altos Estudios de la National Defense University (NDU&CHDS Club/Argentina) y asesor político de Mikhail Gorbachov durante sus visitas a Latinoamérica.


En los últimos 10 años, el costo directo del crimen y la violencia ha supuesto para América Latina un estimado de 3% de su PIB, siendo la única región en el planeta donde muertes violentas han aumentado en relación a sus habitantes, con un 30% de los homicidios globales y apenas un 8% de la población mundial.

P: ¿Qué factores cree indicen en el crecimiento de esta epidemia de violencia?

R: Sí, tenemos que 2 de cada 3 secuestros extorsivos del planeta ocurren en América Latina y que la probabilidad de ser asesinado en Centroamérica es cuatro veces mayor al promedio mundial. Si tomas en los países del triángulo norte esta probabilidad asciende siete veces, con algunos municipios que la aumentan hasta en catorce.

Hay un fenómeno particular que se ha producido en los últimos 25 años y es que por primera vez la evidencia empírica sostiene que la violencia no depende del nivel de pobreza. El PIB de América Latina ha crecido, un 20% en promedio en los últimos 15 años, y al mismo tiempo creció su criminalidad y violencia. Hay regiones latinoamericanas que han crecido hasta el 40% y sin embargo también ha crecido la criminalidad.

También hay que tener en cuenta al menos dos tipologías de violencia. La violencia interpersonal y la violencia contra la propiedad. Uno de los patrones que se están empezando a notar es la vinculación entre las crisis económicas y la recurrencia del tipo de violencia. Con las crisis económicas crece la violencia interpersonal. En cambio en épocas de bonanza económica crece el delito contra la propiedad. Por otra parte, la exuberante concentración de riqueza en pocas manos en la región se ha tornado humillante, lo que provoca irrupciones de violencia tanto racional como irracional.

Los factores principales son el deterioro de la acción pública debido a la falta de recursos y sobretodo de personal cualificado que en su mayoría fue pasando al sector privado debido a mejores condiciones laborales, la postergación de la educación pública cosa que agravó la brecha social y la igualdad de oportunidades, el hacinamiento habitacional en barrios y suburbios y la precariedad de los servicios públicos más básicos. También la ineficiencia del sistema judicial en cuanto al acceso a la justicia, partiendo de la defensa pública que es de baja calidad y deficitaria desde un punto de vista de la demanda, la falta de oportunidades de empleo que provoca que los colectivos más vulnerables caigan en manos de pandillas u otras estructuras criminales, la economía informal que ha crecido mucho y con ella los poderes informales que actúan en defensa de los mercados informales ante ausencia del Estado.


“Hay un fenómeno particular que se ha producido en los últimos 25 años y es que por primera vez la evidencia empírica sostiene que la violencia no depende del nivel de pobreza.”


P: ¿Cómo están respondiendo nuestros países ante este desafío?

R: La más común es el populismo penal a través del endurecimiento de las penas, que malogran las pocas intervenciones que se realizan en prevención. Pero también hay que reconocer que hubo importantes avances: Se han creado cuerpos especializados de policía comunitaria, y se han llevado a cabo iniciativas para modernizar las mallas curriculares y la oferta educativa en seguridad, aunque muchas fallaron estrepitosamente debido a los vaivenes políticos.

También se han creado observatorios de la violencia que producen análisis e información como insumos para la elaboración de políticas de seguridad preventiva aunque no ha habido una evaluación de la calidad al respecto y sobre todo una aunaún muy incipiente capacidad de análisis de esa información empírica.

P: ¿Existen enfoques diferenciados por país?

R: En general, se podría decir que los enfoques en materia de seguridad son muy similares. Hay países pioneros y países que siguen las tendencias. América Latina es posiblemente el continente con más fuerzas especiales de policía, cosa que no han dado los resultados esperados, e incluso han sido contraproducentes por la infiltración del crimen organizado a través de la corrupción.

Pero no todas son malas nuevas. Podemos observar casos muy exitosos que han logrado el apoyo sostenido en el tiempo. Por ejemplo Chile y Colombia tienen un modelo similar. En Chile, donde nace la seguridad preventiva por cuadrantes, se ha "cuantificado" la demanda y los servicios policiales a través de algoritmos matemáticos al estilo de la RAND Corporation. Tenemos la experiencia colombiana basada en lo esencial en el modelo chileno por cuadrantes que tuvo un gran impacto. También están las unidades de policía pacificadora (UPP) en Río de Janeiro - una muy buena iniciativa, un tanto exótica, que combinó aspectos de mano dura con componentes de policía comunitaria. Quizás una de las fallas que tuvo fue ignorar el carácter de ciencia social que tiene la seguridad; el no haber entendido que el objeto de estudio de la seguridad es, a la vez, sujeto, y que por tanto, aprende y se adapta, exigiendo cambios permanentes en la manera de atender el problema. Pensar que habían llegado a un modelo óptimo que no iba a necesitar ajustes o correctivos fue un error que coadyuvó a que el modelo entrara en crisis. Aunque sus resultados a nivel del antes y del después de la intervención han hecho historia en Rio y se ha convertido en objeto de estudio de muchos de los que navegamos estas aguas turbulentas de la seguridad.

Un país con un enfoque diferencial claro es Nicaragua, que montó una policía desde cero debido a los efectos de la revolución sandinista y con un criterio de romper con el pasado de manera diametral. Aquí los mandos altos y medios de la policía no surgieron de un acuerdo pactado, sino que fueron colocados por el gobierno sandinista que, por miedo a una contrainsurgencia, estableció un potente modelo de control comunitario, en clave política-ideológica, y se controlaron todos los carriles y corredores posibles de mercadería informal, incluyendo rutas naturales que serían utilizadas para el tráfico de armas y de drogas. Pero la clave no estaba radicada en el control del submundo marginal, sino en la articulación entre esa actividad y el despliegue de una fuerza policial preventiva proactiva que estableció un mecanismo de proximidad sensible con las percepciones de la comunidad que atendía.


“Una de las fallas que tuvo el modelo de policía de proximidad de Rio de Janeiro fue ignorar el carácter de ciencia social que tiene la seguridad; el no haber entendido que el objeto de estudio de la seguridad es, a la vez, sujeto, y que por tanto, aprende y se adapta.”


P: ¿A su juicio qué pasos y elementos son necesarios para lograr una política efectiva de Seguridad Ciudadana?

R: Lo primero es considerar el carácter integral de la seguridad: con prevención primaria, secundaria y terciaria, incluso, desagregando en la primaria la previsión como construcción de resiliencia social de la prevención primaria concebida para atender los factores de riesgo específicos. Prevención secundaria, desagregada en activa y pasiva. Ocurre que frecuentemente se considera el patrullaje policial como prevención secundaria cuando solamente es una prevención secundaria pasiva de muy bajo impacto ya que los perpetradores de crimen y violencia sólo se limitan a esperar que se aleje la patrulla para cometer el acto antisocial. No quiere decir que la policía no pueda ejercer eficientemente la prevención secundaria productiva, tal y como lo demuestran casos exitosos de policía comunitaria en muchos países, destacándose en nuestra región los casos de Nicaragua, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Canadá y algunos casos en entidades sub nacionales de Brasil y Argentina. Después, no limitar la seguridad a lo represivo toda vez que la seguridad etimológicamente hablando refiere a un estado de sosiego libre de amenazas, sobresaltos o situaciones imprevistas. Quiero decir con esto que la seguridad no sólo debe estar orientada a los victimarios sino fundamentalmente a las víctimas reales o potenciales. Una sociedad se siente segura cuando percibe está protegida y no cuando hay muchos delincuentes en las cárceles. El control del delito constituye una parte importante pero es altamente insuficiente si no es complementado por activas intervenciones de prevención por parte de los operadores de seguridad del país. Mejorar la comunicación de los derechos que asisten a las personas en todo sentido, y no me refiero solamente a los derechos que asisten a los que entran en conflicto con la ley sino también a los derechos que asisten a las víctimas e incluso en muchos casos a los testigos que se convierten en víctimas indirectas, cuando no directas, de la seguridad.

Un segundo elemento fundamental en la coordinación: optimizar los mecanismos de coordinación interna dentro de los Ministerios de Seguridad que articulen prevención con represión. También revitalizar la coordinación en esta misma materia de los ministerios de seguridad hacia las demás instituciones del Estado. La mayoría de los operadores de prevención están fuera del ministerio de seguridad y los operadores de justicia incluso están instalados en otro poder del Estado. La articulación entre los operadores de prevención, seguridad y justicia están en el corazón de la clave del éxito de las políticas de seguridad ciudadana. Sin embargo, la evidencia muestra que en la mayoría de los países de nuestra región los programas que ejecutan los operadores de prevención y justicia, aun cuando se justifican como intervenciones de seguridad ciudadana, no están coordinados por el ministerio sectorial específico -Ministerio de Seguridad -y rara vez están alineados a una política de seguridad nacional claramente definida que establezca líneas rectoras desde el Estado que las ordenan, la gran consistencia y coherencia.

Finalmente, y para no aburrir con detalles técnicos demasiado específicos, diría que es necesario establecer mecanismos de formulación de políticas públicas basadas en evidencia empírica tanto para el diagnóstico, como para la ejecución y la evaluación de sus resultados e impactos. Para ello es necesario fortalecer la capacidad de la administración pública con técnicos de diversas disciplinas que le permitan dotarse del Estado de tales capacidades. La práctica habitual en nuestra región muestra que esas funciones son desempeñadas por policías en lugar de profesionales específicamente capacitados para tales tareas lo que redunda en un poco eficiente uso de los recursos humanos: los policías son expertos en ciertas tareas de la seguridad y destinarlos a tareas de formulación de políticas públicas implica por un lado debilitar su presencia en la calle y, al mismo tiempo, asignarles tareas para lo cual es claramente no están debidamente cualificados. Por otra parte, la evidencia empírica necesaria requiere de un robusto sistema de estadística que la apuntale. Y no me refiero solamente a la estadística criminal sino también a las encuestas de opinión en materia de seguridad, de victimización y los estudios derivados que permitan un análisis pormenorizado de los factores de riesgo y protección sobre los cuales los operadores deberán trabajar.

P: ¿Cómo podemos fortalecer las metodologías de recolección de datos y a los sistemas de estadísticas criminales de manera que permitan a las autoridades del sector seguridad y justicia tomar las decisiones idóneas para la seguridad y el bienestar ciudadanos? ¿Con qué retos nos enfrentamos?

R: Lo fundamental aquí para tener un partenariado sostenible es acercar a la Policía a la academia, de manera que le den sostenibilidad tanto a la calidad de las metodologías como al análisis. Conviene siempre recordar que la redundancia en seguridad es una virtud y no un defecto. Que la seguridad sea observada desde muchos y diferentes ángulos no debe ser percibida como una manera de monitorear la labor de las entidades del estado con el afán de cuestionar su desempeño, sino como una manera de abordar esta temática multifacética, multidisciplinaria, multicausal y multisectorial con el objeto de aportar mayor riqueza de análisis en la identificación y priorización de problemas, así como para la búsqueda de soluciones innovadoras que como cualquier ciencia social, la seguridad requiere para coronarse con el éxito.

Uno de los aspectos interesantes y necesarios es el levantamiento de estadísticas sobre capacidad de reacción que permitan analizar los tiempos y formas eficientes y efectivas de reacción, de la capacidad institucional existente y requerida para optimizar los servicios que ofrece el amplio conglomerado de operadores de prevención, seguridad y justicia. Algunos operadores de prevención ni siquiera son conscientes de que lo son. Por ejemplo, ¿Qué capacitación tienen los funcionarios de diversas instituciones públicas para tomar conciencia de que están en presencia de una posible situación de violencia de género? ¿Saben esos funcionarios como deben proceder y a quién acudir? La seguridad es un derecho y una responsabilidad de todos, por lo que se requiere una gran apertura de esta información a la sociedad. Pero hoy en día no se realiza debido al cálculo del coste político e institucional.

Las políticas de seguridad ciudadana ha evolucionada hacía una policía de proximidad orientada a la solución de problemas, con una visión más enfocada hacia la prevención, basada en una estrecha interacción y colaboración con la comunidad

P: ¿Cómo valora el desarrollo de este modelo en los últimos 10 años?

R: Es sin duda un modelo a seguir explorando, aunque el problema radica en la filosofía y el sistema de gestión que lo sustenta. Muchos cuerpos de policía comunitaria siguen teniendo una lógica cuasi-militar, cuando el modelo que se requiere es precisamente menos militar (acuérdese que mencioné la poca utilidad de las fuerzas especiales en la lucha contra el crimen) y más civil. Policía de proximidad no es una cuestión de formas, sino de filosofía que define una manera de abordar la problemática, identificar las posibles soluciones e implementarlas. Los incidentes delictivos o violentos no son más que síntomas de problemas. Si los problemas subsisten, seguiremos padeciendo síntomas. Y los problemas no se resuelven si no se resuelven sus causas que en la gran mayoría de los casos no son cuestiones “policiales”. Poner a los policías a resolver esos problemas seria torpe y poco eficiente toda vez que en el estado hay múltiples agencias con personal capacitado e idóneo para atender y resolver las causas de los problemas. La manera en que la Policía Comunitaria “resuelve” los problemas es con la comunidad (no para la comunidad) y convocando e involucrando a los recursos del Estado más adecuados para atender las causas. Más aun, en algunos casos, la manera más eficaz y efectiva de resolver los problemas sugiere que la Policía se haga a un costado para favorecer el trabajo de operadores de prevención más idóneos. La filosofía de Policía Comunitaria exige cambios en las actitudes y culturas no solo de las policías sino también de las comunidades que atienden.

El desarrollo de nuevas tecnologías tiene una influencia central en los aspectos estratégicos, tácticos, técnicos y operacionales en los cuerpos de policía, así como en las metodologías e instrumentos de lucha contra el crimen. En Estados Unidos, más de 50 ciudades cuentan con unidades de “policía predictiva”, donde un software basado en un algoritmo de búsqueda, está programado para predecir conductas criminales en base a parámetros de tipos delictivos, lugar y hora del crimen, a luz los registros criminológicos, aportando así inteligencia preventiva.

P: ¿De comprobarse empíricamente su eficacia cree usted que se podría hablar de un “nuevo modelo de policía”?

R: Sí, se podría hablar de un nuevo modelo. Hay nuevas tecnologías pero no se han implementado al no haber un cambio en la doctrina. Las nuevas tecnologías de detección y procesamiento de datos permiten predecir situaciones de crimen y violencia con cierta antelación. Ciertas conductas y ciertos incidentes pueden ser considerados como preliminares o antesalas de situaciones ulteriores más complejas. Un rápido despliegue y una adecuada y oportuna respuesta temprana evita escaladas. Por ejemplo, en varias ciudades de EEUU se han instalado micrófonos altamente sensibles que permiten identificar disparos de armas de fuego en ciertos barrios de alta conflictividad social. Los estudios demostraron que cierta cadencia en los disparos preceden a los enfrentamientos entre pandillas rivales. Detectada esa cadencia preliminar a través de esos micrófonos, se dispara un mecanismo de despliegue de unidades policiales e incluso de mediadores que concurren al lugar en estadios tempranos y logran disrumpir la secuencia de la escalada.

Sin embargo, el policiamiento predictivo -que opera analizando series de incidentes pasados para establecer métodos de predecir delitos, métodos para predecir victimarios y sus identidades y métodos para predecir victimas- requiere de estudios muy detallados y sofisticados demandan información de calidad y recursos humanos especializados para una predicción probabilística que ha permitido en varios casos reducciones de incidencias que llegaron al 30%.


“Lo fundamental aquí para tener un partenariado sostenible es acercar a la Policía a la academia, de manera que le den sostenibilidad tanto a la calidad de las metodologías como al análisis.”


P: ¿Considera que tendrían viabilidad estos sistemas en los cuerpos de policía y gendarmería de América Latina?

R: Absolutamente. La labor policial es, digamos, comparable a la de los médicos. No todo puede dedicarse a la pediatría. La labor policial se diversifica y diferentes tipos de problemas requieren distintos tipos de respuesta. La policía comunitaria puede hacer mucho por evitar que los niños se sumen a las pandillas o a grupos narcotraficantes (e incluso han probado haber hecho mucho para incentivar favorecer la salida de muchos jóvenes de esos grupos), pero es una mala herramienta para poner coto a los delitos graves y complejos perpetrados por grupos criminales sofisticados y establecidos cuyo accionar está vinculado a un problema que excede el ámbito territorial de una comunidad especifica. La naturaleza de ciertos tipos de delitos y la de sus perpetradores requieren de una respuesta especializada que no debe ser encarada por elementos de la Policía Comunitaria. Cuerpos de elite o incluso unidades de policía militarizada como la Gendarmería permiten tomar cartas en el asunto sin comprometer ni someter a otros elementos y cuerpo de Policía a una labor que los exponga a riesgos de una naturaleza muy diferente. Los procedimientos y protocolos de esas gendarmerías están basados en otros criterios, filosofía, capacidades y entrenamientos. Volviendo al ejemplo de salud: si bien en un quirófano todos visten guardapolvos y son médicos o enfermeros, nadie quisiera que un cirujano aplique anestesia, ni que un anestesista practique una cirugía. Ambos son médicos y en caso de urgencia practicaran los primeros auxilios. Ambos son necesarios y se complementan mutuamente. Pero es mejor que no intercambien sus funciones.

P: Ahora mismo entiendo que te encuentra en Moldavia evaluando un proyecto de Policía comunitaria financiado por la Unión Europea. Moldavia, a pesar de tener una tase de homicidios inferior a la media mundial, comparte con América Latina grandes problemas como el crimen organizado trasnacional (narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, etc). Observo en su CV que su tesis doctoral trató sobre ”Poderes informales - Rol de las Mafias Rusas e la Disolución de la URSS”. ¿Cómo evalúa los efectos del crimen organizado sobre la estabilidad de nuestras democracias y el funcionamiento del aparato del Estado?

R: Los efectos no se pueden generalizar. Habría que hablar país a país y caso por caso. En algunos Estados latinoamericanos el crimen organizado es tan fuerte como en Europa de Este, pero aún no hay estadísticas criminales confiables al respecto. Sin embargo, sabemos que hay colusión con elementos del Estado. En algunos casos tenemos funcionarios de bajo nivel corrompidos que facilitan el accionar del crimen organizado. En otros casos vemos una corrupción más estructural donde, por un lado, los funcionarios ya no se corrompen por casos aislados sino pasan a ser asalariados del crimen organizado.

También vemos situaciones más complejas, donde ya no hablamos de crimen organizado, sino de violencia organizada en que convergen crimen organizado y violencia política: los grupos criminales, mientras hacen negocios ilícitos, participan de la vida política ejerciendo violencia política para asegurarle a sus personeros el control del estado y, por tanto, el control de las agencias que se suponen combatirían al crimen, bajo la lógica de ¿para gastar recursos en comprar funcionarios cuando puedo tener a su jefe? La llamada narco-política es limitadora de los esfuerzos públicos. La paradoja es que en muchos casos estos poderes no pueden ser considerados ilegales, el poder es un bien intangible y por tanto no es pasible de ser definido como ilegal, ni tampoco ilegítimos, ya que la debilidad del Estado y sus instituciones permitió que estos grupos se legitimen por la acción en el territorio proveyendo a sus seguidores o "simpatizantes" servicios que debieran ser ofrecidos por el Estado, con lo que sólo nos resta llamarlos informales – nadie los elige. Estos poderes informales amenazan la gobernabilidad, la coexistencia pacífica y, obviamente, afectan el normal funcionamiento del aparato estatal. En una lectura casi intuitiva de este fenómeno, muchos dirigentes de nuestra región consideran importante “recuperar el control territorial”. Y están en lo cierto – hay que recuperar la presencia del estado en todo el territorio nacional con servicio públicos de calidad si queremos que el destino y nuestro futuro lo definamos nosotros en pos del bien común y no los poderes informales en pos de sus propios intereses y a costa de nuestra esclavización.


“Hay que recuperar la presencia del estado en todo el territorio nacional con servicio públicos de calidad si queremos que el destino y nuestro futuro lo definamos nosotros.”


P: Los observatorios de la violencia juegan cada día un rol más destacado como actores del sistema y como think-and-do-tanks ¿Cómo valora su rol e impacto?

R: Son buenos pero deben mejorarse. El uso y gestión de la información es clave, sin un observatorio no tiene sentido. Belo Horizonte es un ejemplo de buena gestión de la información en un Observatorio. Bajo la conducción del sociólogo Claudio Beato, el Centro de Estudios de Criminalidad y Seguridad Pública de la Universidad Federal de Minas Gerais, realizo -entre otros estudios complementarios- un pormenorizado trabajo de mapeo del delito y la violencia desde 2003. El mapeo estableció el mapa del delito por día de semana, por mes por estación del año, por acontecimiento político, cultural, social, religioso y deportivo, en franjas de cada 15 minutos del día. Esas series permitieron establecer la “coreografía” en el comportamiento geográfico y temporal de los incidentes de seguridad en la ciudad. Ese análisis tan detallado permitió redistribuir temporal y territorialmente los recursos no solo de la Policía sino también de sector público e incluso del sector privado que se unió a aquel esfuerzo novedoso; identificar las necesidades de equipamiento y tipo de capacitación de los funcionarios; y, adoptar un nuevo enfoque de gestión, basado en evidencia y en colaboración con la academia y tanques de pensamiento. El impacto fue impresionante: Belo Horizonte, que figuraba entre los municipios problemáticos del país, se convirtió en el 8vo municipio más seguro de entre un universo de más de 5500 municipios hacia 2014.

P: El involucramiento del sector privado en la lucha contra el crimen y la violencia está al alza en muchos países de Latinoamérica. Algunos modelos como por ejemplo el del Observatorio de Seguridad de la Cámara de Comercio de Bogotá son resultado del compromiso del sector privado que están siendo replicando en otras ciudades como en Panamá. ¿Cómo valora el rol de los partearíamos público-privados en materia de seguridad ciudadana?

R: Hay buenos partenariados que aportan una auditoría social, un fenómeno que además de apoyar la buena gestión, pone de realce la importancia de la corresponsabilidad de la comunidad en materia de seguridad. Este tipo de cooperación público-privada resultó ofrecer buenos impactos. Se debe comprender que el estado sólo no puede atender la acuciante situación de inseguridad que padecen nuestras sociedades. La contribución del sector privado se puede manifestar de múltiples maneras: la más obvia y comúnmente reconocida es la referida a las actividades que para paliar el delito y la violencia realiza el sector privado – acciones de prevención, video vigilancia, etc. Pero hay muchas otras, menos obvias, que aportan significativas contribuciones: la responsabilidad del sector privado en la promoción de la cultura de paz con iniciativas como la implementación de medidas tendientes a promover la equidad y la perspectiva de género en el ámbito laboral; la implementación de mecanismos institucionalizados para atender situaciones de posibles abusos de poder, de violencia verbal o institucional en las labores regulares de las empresas; la promoción de cursos de buen desempeño parental para apoyar a los empleados de las empresas en la educación y socialización de sus hijos; acciones comunitarias tendientes a atender factores de riesgo como el establecimiento de guarderías infantiles, facilitar acceso a infraestructuras, comunicación y trasporte; o, acciones tendientes a potenciar factores de protección social en las comunidades como establecimiento de campos de deportes, apoyo escolar, centros culturales, etc. Una experiencia innovadora y muy interesante fue implementada por en los 90 en Antioquia, que en pos de reducir los homicidios entre pandilleros en cárceles, terminó implementando un complejo sistema de cooperativas de trabajo integradas por presidiarios y ex presidiarios que tras reconciliarse con las empresas a quienes antes habían extorsionando, terminaron trabajando para esas empresas como contratistas de servicios como el mantenimiento y aseo de vehículos, la construcción y mantenimiento de paradas de ómnibus, etc. Esa experiencia llego a establecer más de 300 cooperativas de trabajo apadrinadas y asesoradas en lo que a aspectos legales, administrativos y contables refiere por más de un centenar de empresas que antes habían sido victimizadas por los que ahora se convirtieron en sus proveedores. Otra experiencia similar se desarrolló en Perú, donde un ex presidiario termino constituyendo la mayor empresa, íntegramente conformada por ex presidiarios, proveedora de servicios de alimentación para las cárceles de su país.

Aportes significativos pueden ser realizados por compromisos más explícitos con la formulación, implementación y monitoreo de políticas de seguridad, como el caso de Bogotá como Vamos (experiencia replicada en una decena de ciudades de nuestra región) en la que el sector privado cofinancia actividades académicas y estadísticas relacionadas al proceso de formulación y evaluación o incluso, en alianzas con universidades promueve investigaciones científicas en ese campo. Este tipo de actividades promueve otro rol fundamental y frecuentemente ignorado, que puede aportar el sector privado: hacer más inteligentes e inteligibles las demandas sociales en materia de seguridad toda vez que las comunidades que padecen los inocentes delictivos y violentos no siempre tienen la capacidad para comprender los problemas que subyacen como para poder demandar las soluciones más pertinentes.

Para terminar, quisiera que nos surgiera una publicación que le haya marcado en el transcurso de su carrera.

R: Yo diría que son básicamente dos: "Crime Prevention – Approaches, practices and evaluation" de Steve Lab y "Crime in Everyday Life" de Marcus Feslon y Rachel Boba.

P: ¿Por qué estas lecturas?

R: Ambas abundan en experiencias novedosas tendientes no solo a comprender la naturaleza de los problemas que enfrenta la inseguridad sino también una serie de ejemplos prácticos para solucionarlos.

Esta entrevista se realizó en Hotel Hilton de Ciudad de Panamá el 14 de Abril de 2016.


NB. Las opiniones emitidas son de exclusiva responsabilidad del entrevistado y no representan necesariamente el pensamiento ni el posicionamiento de Development Poles. Todas las entrevistas de nuestra página web se realizan por iniciativa de DevPoles.

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